Para Manuel Sánchez Castro, las ley del consumidor son leyes estatales, federales y locales que protegen a los consumidores.

Un consumidor es alguien que compra productos o servicios para uso personal o doméstico. Las leyes de protección al consumidor no cubren bienes o servicios comprados con fines comerciales, sino contra bienes defectuosos.

Esta también protegen a los consumidores de prácticas comerciales injustas y de publicidad falsa. Además de alertar a los consumidores sobre fraudes y estafas en ciertas industrias. 

Desde el 12 de abril de 2012, la Ley 1480 por la cual se expide el Estatuto del Consumidor, se ha convertido en la principal “arma” de miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios.

Desde entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de velar por los derechos de los consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos, derechos, novedades e impacto que tiene este Estatuto.

Además, ha puesto a disposición de la población todos los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer efectiva dicha Ley.

Dentro de sus principios generales, esta Ley – que beneficia a todos los colombianos – decreta:

  • Protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.
  • El acceso de los consumidores a una información adecuada – de acuerdo con los términos de esta Ley que les permita hacer elecciones bien fundadas.
  • La educación del consumidor.
  • Libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
  • La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia.

Ahora, como consumidores, tienen ciertos derechos en las transacciones y se comprende de la siguiente manera: 

  • El tipo de publicidad que lo lleva a comprar el producto o servicio.
  • Cancelación del acuerdo para comprar el producto.
  • Reembolsos o cambios.
  • Garantías de productos y contratos de servicio.
  • productos inseguros, defectuosos y retirados del mercado; y 
  • estafas y fraudes. 

Le puede interesar: Manuel Sánchez Castro: Jubilación anticipada

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *